Como primera medida, se llevó adelante la sanción de un decreto que establece, de manera imperativa, la presentación de una declaración jurada de los funcionarios, donde informen si han sido poseedores de lotes o compradores de posesiones adquisitivas. A la fecha todos han efectuado la presentación, y han manifestado no encontrarse inmersos en esas figuras, ni de manera personal, ni a través de interpósita persona (familiares o terceros).
Posteriormente, se envió copia del decreto referido a conocimiento del Honorable Concejo Deliberante local, con la finalidad de invitarlos a suscribir y/o sanción una norma de alcance similar, en la sola intención de arrojar mayor transparencia de cara a la sociedad toda. A la fecha no tenemos dato cierto de iniciativa alguna.
De esta combinación de circunstancias desde el área de legales, se promueve la presentación por ante la Fiscalía local, de lo que comúnmente se denomina “auto denuncia”, buscando con ello la intervención y la mirada imparcial sobre la cuestión, proponiendo que se investigue desde el titular del Departamento Ejecutivo hasta la totalidad de los funcionarios, sumando al cuerpo de Concejales y funcionarios del Deliberativo.
En tiempos donde se ha planteado como método para tomar relevancia social el de efectuar denuncias, presentar amparos y judicializar la política, resulta necesario no confundir a la ciudadanía en el proceso electoral que se avecina.
Entendemos la política de otra manera, y sabemos que todo proceso de transparencia en el ejercicio de la actividad pública es necesario.
Por eso, ponernos a disposición de la investigación judicial que surja sobre el tema lotes y abuso de posiciones de privilegio, sólo tiene que ser visto como un acto de responsabilidad institucional.